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Periódico ABC

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  1. Los taxistas de la Comunitat Valenciana secundan este jueves un paro de doce horas que está teniendo una participación prácticamente del cien por cien, y han realizado una manifestación que ha concluido ante la Delegación del Gobierno para pedir soluciones ante lo que consideran competencia desleal. La huelga ha comenzado a las 9 horas y continuará hasta las nueve de la noche, convocada por seis asociaciones, las más representativas del sector (ATCV, Confederación de Autónomos del Taxi, Unión de Asociaciones de Autotaxis, USO, AET y Elite Taxi). El presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi -la asociación mayoritaria-, Fernando del Molino, ha asegurado que la huelga está siendo seguida de forma "unánime" en toda la Comunitat Valenciana y se está desarrollando sin incidentes. A las 11.30 un millar de taxistas se ha concentrado ante el Palau de la Generalitat para exigir más medios de inspección a la Conselleria de Infraestructuras, y posteriormente se han trasladado en manifestación a pie hacia la calle Colón de València, que ha quedado cortada al tráfico durante la protesta. Imagen de la protesta de este jueves en Valencia- ROBER SOLSONA Allí han exigido ante la Delegación del Gobierno que el Ministerio de Fomento acepte las reivindicaciones del sector para poner soluciones a lo que consideran es intrusismo de plataformas como Uber y Cabify. Reclaman al Gobierno que haga cumplir la ley y el reglamento y se mantenga el equilibrio de un VTC por cada treinta taxis, y recuerdan que ya el anterior ejecutivo prometió al sector del taxi ese equilibrio, que no se ha cumplido. También en Madrid se está desarrollando un paro de doce horas por los mismos motivos. En la Comunitat Valenciana, donde hay unos 4.700 taxis, se están prestando servicios mínimos gratuitos especialmente para urgencias hospitalarias. Aunque los convocantes habían previsto realizar servicios urbanos de taxi gratuitos y al 50 % para fuera del municipio, la mayoría de profesionales entiende que "una huelga es una huelga, y se ha dejado el coche en casa", según ha explicado Del Molino.
  2. El Gobierno ha cerrado filas en torno al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que este jueves ha sido reprobado por el Congreso después de que el TC declarase inconstitucional la amnistía fiscal que llevó a cabo en el año 2012. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que Montoro «cuenta con la confianza del presidente y del Gobierno». También ha querido restarle importancia a la decisión que tomarán todos los grupos, a excepción del PP, en la Cámara Baja, al afirmar que «la reprobación no existe en el ordenamiento jurídico español». La respuesta del Gobierno llega después de que el PSOE anunciara su veto al titular de Hacienda de cara a negociar el techo de gasto. En este sentido, el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, quiso dejar claro que la intención de su partido era la de empoderar y dejar de restarle importancia a la figura de los vetos. «Hay que ser coherente y consecuente con lo que uno apoya. Y si Montoro es un ministro reprobado, no puede estar en las negociaciones». El PSOE también anunció que mantendrían una «reunión informativa» con un secretario de Estado, tras el veto a Montoro. En el Gobierno han insistido en la importancia de acordar un techo de gasto, ya que «es el paso previo para la aprobación de los Presupuestos de 2018 en un momento en el que hay que aprovechar la recuperación conómica». Respecto al veto del PSOE, el portavoz del Ejecutivo ha reiterado que «España tiene muchos compromisos, con la Unión Europea y con el bienestar de sus ciudadanos. Eso es lo importante, y no el hecho de que te guste un ministro o no». Por eso, ha querido hacer «un llamamiento» a lo socialistas para que «reconsideren su actitud» y permitan regresar al ministro a las negociaciones. Aunque el veto a Montoro supone un obstáculo, en el Ejecutivo cuentan con la posibilidad de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE puedan ser un factor decisivo a la hora de que la dirección cambie de parecer sobre este asunto. Desde el Gobierno creen que a las autonomías les convine que las negociaciones continúen, ya que hay en juego 5.000 millones de euros que irían a parar a los territorios debido a las competencias transferidas en muchas materias. Además del apoyo expreso del Ejecutivo al ministro de Hacienda, Méndez de Vigo también lo ha elogiado en varias ocasiones: «El ministro Montoro fue la persona que jugó un papel determinante para que España saliera de la situación en la que se encontraba en los años 90, una tarea que volvió a repetir en la legislatura iniciada en 2012». El portavoz del Gobierno ha alabado su «capacidad negociadora» y ha querido destacar que fue capaz de negociar y acanzar un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos de este año». En el marco de las relaciones con la nueva dirección del PSOE, Méndez de Vigo también contestó a preguntas sobre la posibilidad de que Sánchez y Rajoy pudieran tener una reunión, sobre todo después de que el Rey citara al nuevo secretario de los socialistas a un encuentro el próximo martes. El portavoz aseguró: «El Gobierno y el presidente hemos presentado nuestra máxima disposición. Sánchez se ha reunido y ha llamado a muchas personas estos días. Eso es bueno. Parece lógico que haga lo propio con el Gobierno».
  3. Un grupo de juristas y representantes de entidades civiles de Cataluña han enviado una carta al diario «The New York Times» respondiendo a su editorial del pasado 23 de junio en el que se pedía al Gobierno que convocara un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El texto, que se envió al diario neoyorquino anoche, está firmado por los juristas Teresa Freixes, Rafael Arenas, Pere Lluís Huguet y José Domingo; los presidentes de entidades como Societat Civil Catalana (Mariano Gomà), Empresaris de Catalunya (Josep Bou), Alternativa Ciudadana Progresista (Vicente Serrano) y Grup de Periodistes Pi i Margall (Sergio Fidalgo); y entre otros Miriam Tey y Óscar Uceda. Para los firmantes, el diario de Nueva York ha sido «siempre» un referente de «la prensa libre» por su defensa de «la democracia liberal y el respeto a la ley». Y, por esto, les ha generado «tristeza, perplejidad y frustración» el editorial de hace unos días pidiendo una consulta ilegal en el que se pretende encontrar «soluciones políticas en vez de recurrir a los mecanismos judiciales ordinarios, como se realiza en todos los estados democráticos». «Rige la sepración de poderes» En la carta, los juristas y representantes de entidades civiles catalanas recuerdan al «New York Times» que en España, como en EE. UU., «rige la separación de poderes y no es optativo para fiscales o tribunales dejar de condenar a quien incumple la ley», por lo que estos elementos, nada superficiales, deben ser tenidos en cuenta. En la misma línea, los firmantes muestran su perplejidad porque «un diario progresista acepte "prima facie" las tesis separatistas y que en este caso particular hable de "trato injusto" y no defienda la existencia de tasación progresiva por la que aboga en EE.UU», en referencia al asunto de los impuestos, que «los pagan las personas y no los territorios» como sucede «en todos los países». La respuesta al diario neoyorquino también hace mención a las «grandes manifestaciones en la calle», como si el número de manifestantes diese «legitimidad a saltarse la ley». Un argumento que es «chocante» defendido por «The New York Times», que «habitualmente defiende que el rasgo fundamental de un sistema democrático es que está basado en el imperio de la ley». «El remedio que el "New York Times" aboga para España acabaría curando la enfermedad matando al paciente: El hecho de que los separatistas catalanes se hayan situado a sí mismos en un callejón sin salida no puede impeler al Gobierno de España a apaciguar ilegalmente a un ruidoso, hiperactivo y sobreexcitado 34% del cuerpo electoral de Cataluña financiado con los impuestos de todos. Ningún gobierno en un Estado democrático puede forzar que una parte del país, cuyo claro objetivo es esquivar al imperio de la ley para hacerle la eutanasia al Estado, decida por todos los votantes españoles que son quienes son competentes para definir, o en caso reformar a la Constitución, el marco territorial y de competencias de que nos dotamos con la Constitución de 1978», añaden los firmantes.
  4. Coalición Canaria (CC) y PP han decidido suspender "hasta la próxima semana" los contactos previstos para este viernes para cerrar un acuerdo de gobierno en las islas. En CC hay discrepancias por la bajada del IGIC que propone el PP, según confirmó a ABC una fuente del partido nacionalista. Para CC, en estos momentos no es viable bajar el IGIC proque "la salida de la crisis todavía es lenta y con incertidumbres, a lo que se suma el déficit de financiación que tiene Canarias". A todo ello, ocurre que Canarias ha planteado un cuadro de financiación al Ministerio de Hacienda con previsiones de ingresos con el IGIC. Pero el PP del moderado Asier Antona sostiene que en 2012 el IGIC se subió de forma temporal y que su descenso debe servir para fomentar el consumo privado. Gavilán o paloma Los nacionalistas canarios consideran que un descenso de tipos de IGIC puede afectar a la "financiación de los servicios sociales, educación y sanidad". El partido que lidera José Miguel Barragán considera que "la propuesta de la reforma fiscal planteada por el PP en un asunto complejo en el que todavía no hemos alcanzado una posición común". CC y PP "se darán unos días" para tratar de "acercar posturas que permitan volver a convocar la mesa de negociación", con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Canarias, lo que "permitiría al PP sumarse al proyecto político que lidera CC-PNC en las Islas en la presente legislatura", indicó un portavoz de CC.
  5. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado este jueves un auto en el que dispone que continúe la tramitación de las diligencias previas del denominado caso Son Espases para varios de los encausados, entre ellos el expresidente balear Jaume Matas. Al mismo tiempo, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para cuatro personas, entre ellas el expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Cabe recordar que en el caso Son Espases se han investigado las supuestas irregularidades que se habrían producido en 2006 en la adjudicación de las obras del hospital del mismo nombre, ubicado en Palma de Mallorca, que ha pasado a ser el hospital de referencia de Baleares. El auto dictado este jueves supone la finalización de la investigación, por lo que el juez solicita a las acusaciones personadas en este proceso que en un plazo de 20 días decidan si formulan escrito de acusación, «solicitando la apertura de juicio oral», o si piden el sobreseimiento de la causa para Matas, la exconsejera de Salud Aina Castillo y dos personas más. Castro les atribuye los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude a la Administración. La resolución del juez no es firme, por lo que cabe la presentación de un recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma. Por lo que respecta a Villar Mir, el empresario había venido solicitando de manera reiterada a Castro el sobreseimiento de su imputación en el caso Son Espases. Villar Mir había comparecido ante el juez en septiembre de 2015. Durante su declaración, en calidad de investigado, negó de manera rotunda un supuesto amaño a su favor en el concurso público convocado por Matas para la construcción de Son Espases. En ese sentido, Villar Mir recordó que el ganador de dicho concurso había sido finalmente Dragados-FCC, a pesar de que inicialmente parecía que OHL iba a ser la compañía elegida para la edificación del hospital. El empresario declaró de nuevo ante Castro en marzo de este año, a través de videoconferencia, reiterando que desconocía de qué se le acusaba o qué pruebas existían contra él. En ese contexto, cabe recordar que si bien OHL no fue, efectivamente, la empresa escogida para construir el Hospital de Son Espases, aun así parte de las investigaciones de este caso se centraron en intentar dilucidar si durante el proceso previo de adjudicación se habría garantizado a Villar Mir que sería el ganador del concurso a cambio del supuesto pago de comisiones para el PP. El proceso de adjudicación de las obras de Son Espases fue largo, controvertido y complejo. Inicialmente, se habían presentado seis ofertas para optar a construir el nuevo hospital, las de Sampol, Ferrovial, Dragados-FCC, OHL, Testa y Acciona. La Mesa de Contratación excluyó en un primer momento a las dos primeras empresas, por lo que sólo quedaron cuatro en liza. En una reunión posterior, convocada para el 21 de julio de 2006, la Mesa de Contratación tenía previsto dar a conocer a la empresa ganadora del concurso, que en principio iba a ser OHL. Su oferta había sido la mejor valorada previamente por una consultora externa contratada por el Gobierno balear —Global PM— y por el IB—Salud. Sin embargo, ese día no se hizo ningún anuncio y la adjudicación quedó aplazada de forma momentánea. Con posterioridad, en la reunión celebrada por la Mesa de Contratación el 7 de diciembre de 2006, las obras fueron adjudicadas finalmente a Dragados-FCC y no a OHL. Para que la balanza se inclinase definitivamente hacia Dragados fueron decisivos dos informes posteriores al elaborado por Global PM, en concreto, uno del Colegio de Ingenieros y otro del Colegio de Economistas. Ambos informes fueron solicitados por el Consejo Consultivo, organismo independiente que había sido requerido por el Gobierno balear para participar también en el proceso de selección.
  6. Toño Sanchís ha vuelto a reaparecer en un plató de televisión después de que los juzgados de Torrejón de Ardoz le dieran la razón a Belén Esteban y tras su entrevista en el programa de Toñi Moreno, «Viva la vida». Ahora el exrepresentante se ha sentado en «El programa de Ana Rosa» para hablar de sus problemas con Belén y para contar cómo se siente tras la decisión judicial. Una entrevista que ha sido algo tensa, tras ser acusado de sensacionalista por el periodista Antonio Rossi, hecho que le ha molestado enormemente al exmánager de la «princesa del pueblo». «Yo por lo que me preocupo es por recurrir», confiesa el marido de Lorena Romero. Se siente especialmente molesto por todos aquellos rumores que apuntan a que su mujer está muy molesta y afectada con todo el problema judicial del mánager y que por ello se quiera ir de casa y no quiere continuar con él. «Somos una familia muy unida», sentencia Toño. Y añadía: «Me gustaría que un día Lorena hablara». Tampoco le ha sentado bien el hecho de que le digan que puede entrar en la cárcel: «Yo a eso no te voy a contestar», así de rotundo se mostraba ante las preguntas insistentes de los colaboradores del espacio de Telecinco. Pese a todo, el que fuera inseparable de Esteban no pierde la fe y asegura que irá a por todas. Salida de Belén Esteban y su pareja, Miguel, a la salida del juicio- GTRES Mientras Belén ha confesado que no quiere saber nada de Toño incluso diciendo que el mánager le da asco, él dice que no siente exactamente lo mismo hacia a ella: «Yo no tengo asco, yo estoy decepcionado y me siento impotente...». Pese a los esfuerzos por dar la cara e intentar hacer ver que todo va bien, durante la entrevista se ha notado las incongruencias y las tiranteces ante las críticas de sus propios compañeros de programa. La otra cara Estas declaraciones llegan después de que la «princesa del pueblo» concediese una entrevista reveladora a la revista «Semana», en la que ha contado por fin lo que llevaba tiempo deseando decir sobre todo lo que ha pasado con el que fue su fiel amigo. «No voy a perdonar a Toño jamás», con estas palabras titula la revista su número. Imagen de la portada- SEMANA En ella, la colaboradora de «Sálvame» también ha confesado que irá por lo penal y que no le da ninguna pena ni Lorena ni sus hijos. «¿Y mi hija qué, quién pensó en su futuro?», decía. Tras esto añade que: «Si se tiene que ir de su casa que se vaya».
  7. La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural bajará a partir del próximo 1 de julio en torno a un 1% de media frente al precio del segundo trimestre del año, según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta caída responde, principalmente, a la cotización del petróleo Brent, una de las materias primas que influyen en el precio del gas, cuyo tipo de cambio ha favorecido esta bajada. En concreto, el precio para la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) caerá un 0,85%, mientras que para la TUR 2, para consumidores con consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), bajará un 1,1%, informaron a Europa Press en fuentes del sector. De esta manera, se registrará la primera caída después de tres repuntes consecutivos en el precio del gas. El pasado mes de abril, la tarifa del gas registró un encarecimiento del 1,8%, que se unía a las subidas del 3,5% en enero y del 1,1% de octubre del año pasado, que supuso la primera subida desde la revisión del cuarto trimestre de 2014. Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso y el precio del gas. La parte regulada de la factura (peajes de acceso), que fija el Gobierno, se mantendrá congelada. En cuanto al precio del gas, éste se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas. La Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, unos seis millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.
  8. Ucrania se enfrenta a una «importante multa» por los retrasos en la organización de Eurovisión 2017 y, sobre todo, por prohibir la participación de Rusia en el festival que se celebró el pasado mes de mayo en Kiev. La UER, ente organizador del certamen, considera que el veto a la artista rusa Yulia Samóylova ha dañado gravamente la marca de Eurovisión y no está dispuesta a pasar por alto uno de los capítulos más polémicos que ha sufrido el concurso. El pasado mes de marzo, Rusia confirmaba a Julia Samóylova, una cantante de 28 años en silla de ruedas por una atrofia muscular espinal, como su representante en Kiev. Rápidamente, el gobierno ucraniano advirtió de que la artista no tendría permitida la entrada a Ucrania al haber actuado en la península de Crimea tras la anexión de Rusia en 2014. El Servicio de Seguridad consideró que la joven cruzó ilegalmente la frontera al acceder sin autorización a un territorio que sigue considerando suyo. La legislación ucraniana condena esta acción con tres años de prisión. La UER adoptó dos meses un papel de mediador para conseguir que Ucrania finalmente levantara el veto. A través de un dilatado trabajo diplomático, para muchos poco hábil, las buenas palabras y la actitud conciliadora dieron paso a última hora a las presiones y las advertencias para romper el bloqueo ucraniano. Finalmente, Rusia acabó retirándose del concurso y la UER amenazó con graves sanciones por esta decisión. 200.000 euros de multa «Como resultado de esta crisis, la atención se desvío del concurso y la reputación de la 'marca Eurovisión' se puso en peligro», ha señalado hoy la UER a través de un comunicado. «Por lo tanto, el comité directivo del concurso ha pedido que la televisión pública ucraniana reciba una multa sustancial, de acuerdo con las reglas de la competición», señala el mismo texto sin especificar la cuantía de la sanción. El director de la corporación Zurab Alasania ha señalado que la multa era de 200.000 euros (228.100 dólares) y que el organismo apelaría la decisión. «Formalmente, no fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de no permitir participar a la cantante rusa, pero no creo que el SBU (Servicio de Seguridad del Estado) o el gobierno quieran tomar parte en esto», dijo Alasania a la agencia Reuters. La semana pasada, la cadena alertó de que las autoridades de Ginebra habían bloqueado los 15 millones de euros que Kiev entregó como aval para garantizar la viabilidad de Eurovisión 2017. Sin embargo, todavía no se ha aclarado si esta decisión se debía a la inminente multa. Largo conflicto Las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania tuvieron ya su reflejo en el festival del año pasado. La ucraniana Jamala ganó el concurso con «1944», un tema que evocaba la brutal deportación de los tártaros de Crimea ordenada en aquella fecha del siglo pasado por el sanguinario dictador comunista Iósif Stalin. La delegación rusa protestó antes de la final al entender que el tema violaba la norma que impide cualquier referencia política en las canciones participantes, algo que finalmente la dirección del concurso rechazó. Este año, Ucrania les dejó fuera de Eurovisión en un nuevo capítulo de una larga guerra que el festival no ha podido esquivar.
  9. La autoría del pasado ciberataque de secuestro de datos o «ransomware» Petya se desconoce. Como sucede en este tipo de episodios, salvo reivindicación por parte de un grupo de ciberdelincuentes es muy difìcil dar con el origen de los hecho. Sin embargo, los expertos en seguridad informática apuntan a una dirección, Rusia. El país ha sufrido sanciones económicas por parte de la Unión Europea por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania, epicentro del ataque informático. Hasta ahora, se han contabilizado unas 2.000 infecciones procedentes de 64 países. La irrisoria cantidad recogida por parte de los cibercriminales, unos 6.000 dólares, han puesto en evidencia las verdaderas intenciones. Los expertos creen que su objetivo era «hacer daño» y no tanto por afán económico como suele suceder en este tipo de ataques en los que se cifra el equipo informático a cambio de un rescate, generalmente en bitcoins, moneda virtual. «Lo del rescate es casi una tapadera, su objetivo es dañar el sistema», explica a este diario Luis Corrons, director técnico de la firma de seguridad Panda. «Todo tiene pinta de ser un ataque dirigido a Ucrania. Lo que ha afectado al resto del mundo ha sido colateral», asegura. En su opinión, Petya es «más avanzado» y «complejo» que el virus Wannacry que afectó en mayo a más de 250.000 ordenadores de 150 países. «Cuando llega a una empresa, aunque esté parcheado el sistema, con las técnicas que utiliza puede introducirse hasta la cocina». El virus es capaz de propagarse por las redes internas de los equipos informáticos, por lo que los expertos temen futuros casos similares: «como se pongan de moda nos vamos a tener que agarrar». En la misma línea se han pronunciado desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que el virus Petya, en esta ocasión, podría tratarse de «un ataque más dirigido», ya que la detección inicial del mismo fue localizada con una rápida expansión posterior. Además, apunta que da la sensación de que el agresor «no parece pretender obtener un beneficio económico, sino perjudicar a las víctimas», ya que no ha adoptado las medidas habituales para conseguir el anonimato y la disponibilidad del servicio de cobro propia de otras campañas de cibercrimen. El origen, según investigan autoridades policiales, se produjo a raíz de la última actualización del programa informático MeDoc especializado en gestión de contabilidad y muy popular en Ucrania. Según la firma de seguridad Kaspersky, para infectar los equipos de las víctimas del ciberataque se utilizaron «archivos con el programa malicioso disfrazados como una actualización de Windows». Las primeras hipótesis apuntan a que la página web de la empresa suministradora del software fue «hackeada» para enviar a los usuarios una actualización maliciosa de manera automática, una acusación negada por su parte por la firma ucraniana en un mensaje en su perfil de Facebook. Autoridades gubernamentales y policiales a nivel europeo han manifestado la necesidad de intensificar la lucha contra las amenazas de este tipo. La Unión Europea invertirá 10.8 millones de euros adicionales a los 14 estados miembros para luchar contra el cibercrimen. El comisario europeo encargado de la seguridad, Julian King, ha asegurado en rueda de prensa en Bruselas que «nuestra dependencia de internet, de dispositivos conectados y de las tecnologías relacionadas con estos aparatos excede nuestra capacidad para protegernos, pero tenemos que empezar a hacerlo». CNI confirma que ninguna empresa española estratégica o pública se ha visto afectada El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha confirmado este miércoles que el CERT Gubernamental Nacional no ha detectado "ningún organismo del sector público o empresa estratégica española" que se haya visto afectado por el ciberataque del virus ransomware Petya producido este martes. En un comunicado para hacer balance de la situación una día después del ataque, el CCN-CERT explica que la campaña utiliza una posible variante englobada en la familia Petya (también llamado Petya, Petna, PetrWrap, Nyetya y NotPetya), así como que sus primeros casos se detectaron en empresas ubicadas en Ucrania y afectó posteriormente a algunas multinacionales con sede en España. El organismo del CNI explica que el código dañino utilizado en este ciberataque es "más sofisticado" que en el caso de WannaCry y, en esta ocasión, podría tratarse de "un ataque más dirigido", ya que la detección inicial del mismo fue localizada con una rápida expansión posterior. Además, apunta que da la sensación de que el agresor "no parece pretender obtener un beneficio económico, sino perjudicar a las víctimas", ya que no ha adoptado las medidas habituales para conseguir el anonimato y la disponibilidad del servicio de cobro propia de otras campañas de cibercrimen. A este respecto, añade que el proveedor de servicio de Internet ha bloqueado la dirección de correo utilizada para el pago del rescate, por lo que las víctimas no pueden obtener las claves de recuperación al inhabilitar la vía de comunicación con el atacante.
  10. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a Berlín para participar en una cumbre de las principales potencias europeas, organizada por Alemania, anfitriona del G-20 que se celebrará en Hamburgo la próxima semana. Rajoy, que ha sido invitado por Merkel, ha defendido el libre comercio como eje del crecimiento y al creación de empleo, justo el día en que el PSOE consumaba su bandazo en el Congreso, al abstenerse sobre el Tratado de la UE con Canadá, conocido como CETA. En esta reunión han participado, además de la canciller alemana, Angela Merkel, los líderes de los otros cuatro países europeos que forman parte del G-20: Francia (Emmanuel Macron), Reino Unido (Theresa May) e Italia (Paolo Gentiloni), más España, que es invitado permanente. En esta ocasión, Alemania, que es la anfitriona, ha invitado a la cumbre de Hamburgo, los próximos 7 y 8 de julio, a los líderes de Holanda, Mark Rutte, y Noruega, Erna Solberg. Además, han intervenido en la reunión los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Cuando ha terminado el almuerzo de trabajo han comparecido todos, menos May, que ha regresado a Londres para participar en la apertura del Parlamento británico. El presidente ha expresado su apoyo a la agenda del G-20 que ha presentado la canciller, y lo primero que ha hecho ha sido sacar pecho de las «notas» económicas que está obteniendo España, como alumno aventajado europeo tras la crisis. «El crecimiento económico y la creación de empleo deben seguir siendo los grandes objetivos en Europa y España», ha subrayado Rajoy, quien ha recordado que España está creciendo por encima del 3 por ciento, y está creando 500.000 puestos de trabajo al año. «El objetivo es seguir en ese ritmo en los próximos años. Hoy hemos tenido datos positivos sobre inflación y crecimiento. Y todo esto ha sido posible por las reformas y el sector exterior», ha explicado. Rajoy ha estado sentado a la misma mesa que Merkel, Macron y Gentiloni tras el almuerzo de trabajo, pero ha quedado relegado a la hora de tomar la palabra. La organización, además, no ha permitido a los periodistas españoles realizar ninguna pregunta, algo que sí han podido hacer la prensa de Alemania, Italia y Francia, por lo que Rajoy no ha contestado ninguna cuestión. En su intervención, el presidente ha apoyado la libertad de comercio y el acuerdo del cambio climático, pero ha evitado hablar de bloque europeo ni mucho menos de frene común, ante la posición adoptada por Estados Unidos, que se ha salido del Acuerdo de París y ha mostrado sus diferencias sobre los tratados comerciales.



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Administrador página: Mar Pozo