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Periódico ABC

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  1. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deseó hoy entre risas «felicidad» al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y pidió a España que no devuelva a su país a este político que burló la pasada madrugada su arresto domiciliario para escapar a Colombia, desde donde viajó a Madrid. «La vida es un componente de muchas cosas, pero para que sea vida hace falta amor y humor, de eso sabe bastante el director del Sebin (servicio de inteligencia), no tanto de amor pero sí de humor, le gusta jugarle algunos chistes a la oposición ¿ah? (risas). Hoy se nos escapó Antonio Ledezma», dijo el jefe de Estado venezolano. En un acto para impulsar la «Gran Misión Justicia Socialista», Maduro se refirió a Ledezma como el «vampiro», y deseó «felicidad» al opositor, que se encontraba en arresto domiciliario desde abril de 2015, que fue detenido el 19 de febrero de ese mismo año y pasó sus dos primeros meses privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde. Maduro llama a Ledezma «vampiro» al compararlo con uno de los personajes de la serie estadounidense «The Munsters», que se emitió en los años 1960. «Antonio Ledezma, el vampiro volando libre por el mundo, ahora se va el vampiro protegido dicen que pa' España a vivir la gran vida compadre, a ir a tomar vino a la Gran Vía (...) quedó pendiente lo que tú sabes, ya sabes Antonio», agregó Maduro. Asimismo, el presidente venezolano pidió «que no nos lo devuelvan» tras escuchar la sugerencia del chavista Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del oficialismo. «Que se queden con su vampiro por allá. Cuidado a la gente de Madrid en la noche», dijo el líder de la revolución bolivariana. Ledezma llegó hoy a Colombia tras escapar de su arresto domiciliario para dirigirse a España y reunirse con su esposa, Mitzy Capriles. El político es acusado por la Fiscalía de haber incurrido en delitos de conspiración y asociación para delinquir, pero nunca ha sido juzgado. El opositor no ha sido inhabilitado en su cargo, pero tras su detención la alcaldía, la plaza de mayor peso político en el país petrolero después de la Presidencia de la República, quedó delegada en manos de Helen Fernández, una militante de su partido, Alizanza Bravo Pueblo (ABP).
  2. La suerte procesal de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados empezó ayer a definirse después de que la Fiscalía belga apoyara la entrega de los cinco prófugos por todos los delitos por los que son reclamados por la Audiencia Nacional, excepto el de prevaricación. La orden europea de detención y entrega permite a los Estados miembros condicionar la entrega del sospechoso a que sea juzgado sólo por los delitos que autorice el juez encargado del caso. Si el juez belga atiende la solicitud del fiscal, Puigdemont y sus exconsejeros podrían ser juzgados en todo caso en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Lo que sí es seguro para todos ellos es que cuando sean entregados a España deberán ingresar en prisión provisional porque su fuga ya no es un riesgo, sino una certeza. La claridad de la Fiscalía belga en sus alegaciones no ha sido suficiente para que el juez de Bruselas encargado de la primera decisión sobre la entrega de los prófugos acelerara su resolución. Por el contrario, ha señalado una nueva vista para el 4 de diciembre, en la que el abogado de Puigdemont insistirá con su estrategia de difamación contra el sistema judicial y penitenciario español; una trampa en la que cayó la Fiscalía belga cuando reclamó al Gobierno explicaciones sobre las condiciones del encarcelamiento de Puigdemont, como si hubiera que poner en duda el respeto de España por los derechos humanos y, particularmente, los derechos de acusados y presos. La Constitución de 1978 y el sistema procesal penal español tienen un nivel de garantías máximo, que se vio mejorado con la reforma de la justicia penal en 2015, que introdujo el derecho de todo condenado a la doble instancia y nuevas medidas en el derecho de defensa letrada, como la entrevista reservada entre detenido y abogado. El descenso de la población penitenciaria en España –que no llega a 60.000 reclusos, incluyendo los que están bajo control de la Generalitat– elimina cualquier riesgo de hacinamiento y permite a los presos unas adecuadas condiciones de comodidad en su vida penitenciaria. Puigdemont se equivocó provocando al Estado –que ha aplicado con evidente moderación y prudencia el artículo 155 de la Constitución– y se equivocará de nuevo con su estrategia de difamación del sistema judicial, porque España, un país moderno, democracia ejemplar, acabará imponiendo su razón y su derecho para juzgar al expresidente catalán y a sus exconsejeros. Estos prófugos de la Justicia quisieron reventar la unidad nacional, derogar por la fuerza la Constitución en Cataluña y enfrentar a catalanes contra catalanes y contra el resto de españoles. Pocos delitos pueden ser más graves que este en un Estado democrático y de Derecho.
  3. Gas Natural Fenosa ha llegado a un acuerdo con Brookfield para la venta de su participación del 59,1% en su filial de gas en Colombia por 482 millones de euros, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La venta de su participación en Gas Natural ESP, empresa colombiana de distribución y comercialización minorista de gas, supondrá valorar la compañía en 1.005 millones de euros y la previsión de la transacción supondrá un impacto positivo para la española de 350 millones de euros después de impuesto para este mismo ejercicio. La transacción se desarrollará en dos fases. En la primera, que se prevé ejecutar dentro del ejercicio 2017, se transferirá una participación en colombina que conllevará la pérdida de control en esta última por parte de la vendedora. En cuanto a la segunda, que se espera que se cierre en el primer semestre de 2018, se transferirá la participación restante por medio de una OPA directa o de exclusión para toma de control del adquirente. La operación se produce en medio del conflicto abierto con el Gobierno de Colombia por su filial Electricaribe, intervenida desde el pasado 15 de noviembre por el país sudamericano. A este respecto, Gas Natural subraya que esta decisión no afecta a su voluntad de mantener un diálogo con las autoridades colombianas que evite el procedimiento arbitral de protección de inversiones. «Por el contrario, una vez que las autoridades colombianas han tenido la oportunidad durante un año de conocer de primera mano la realidad del suministro eléctrico a la costa Caribe, Gas Natural Fenosa reitera su llamamiento a dichas autoridades para que dejen sin efecto la medida de intervención para liquidación acordada en marzo pasado y trabajen para buscar una solución acordada, satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona en beneficio de los clientes, empleados, acreedores y accionistas de Electricaribe», defiende.
  4. Rusia ha vetado este viernes una propuesta de resolución presentada por Japón ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prolongar hasta diciembre el mandato conjunto de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que investiga el uso de armas químicas en Siria. «El resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, dos votos en contra, una abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo», ha aseverado el presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre, Sebastiano Cardi. Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que implica que tiene el poder de vetar cualquier iniciativa. El mandato conjunto, conocido como Mecanismo de Investigación Conjunta (MIC), se encuentra al frente de la pesquisa sobre el uso de armas químicas en el marco del conflicto sirio, que comenzó el 15 de marzo de 2011, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik. La misión de la ONU y la OPAQ --que fue creada de forma unánime por el Consejo de Seguridad en 2015 y se renovó en 2016-- termina este viernes. Los investigadores de la misión han determinado de forma «ineludible» en informes anteriores que en el ataque que tuvo lugar en la localidad siria de Jan Sheijún se usó gas sarín. Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, no han dudado en responsabilizar al Gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, de este ataque químico. En respuesta, el Gobierno del dirigente estadounidense, Donald Trump, lanzó un ataque aéreo contra una base militar del régimen de Al Assad en Homs. No obstante, el mandatario sirio ha negado en reiteradas ocasiones el uso de armas químicas y ha recordado que, en virtud del acuerdo alcanzado en 2013 --tras otro gran ataque atribuido a Damasco-- con Rusia y Estados Unidos, Damasco entregó todos sus arsenales de armas químicas a la comunidad internacional para que fueran destruidos.
  5. Los Cuerpos de Seguridad descubrieron que en el 11-M había implicados algunos de sus confidentes, a los que en su día habían fichado por una condición muy distinta: ser delincuentes comunes. Normalmente, trapicheadores o traficantes de drogas. La misma práctica por la que había sido condenado Abdelbaki Es Satty cuando fue «contactado» por el CNI en la cárcel en una visita en la que no está claro si se abordó o no que se convirtiera en «soplón» La relación con el mundo de los estupefacientes fue también por lo que la Guardia Civil contó en su momento como informador con Rafá Zouhier, el hombre que suministró los explosivos para los atentados yihadistas de 2004 en Madrid, hecho por el que acabaría cumpliendo diez años entre rejas. Salió en libertad en marzo de 2014. Conviene no perder de vista que la gestión de este tipo de «colaboradores» conectados con las peores cloacas conlleva riesgos, empezando por la tendencia aparentemente generalizada que tienen a transmitir como si fueran ciertas sus fabulaciones, lo que obliga a cotejos y tareas de contraste para las que no siempre hay recursos. El método clásico para fidelizarles ha sido el dinero y, cuando escasea, no faltan testimonios que aseguran en voz baja que a los confidentes se les disculpan delitos de poca monta a cambio de que ayuden a documentar otros mayores y detener a sus autores. No se les tiene en cuenta todo, ni se investiga todo lo suyo, dicen. En una tesitura así pudo haber operado Rafà Zouhier pasando inadvertido. No se sabe si también Es Satty.
  6. «Se levanta la sesión, definitivamente». Con esas palabras celebradas entre risas por los abogados defensores, el juez de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado bajó ayer el telón del primer gran juicio a la trama Gürtel, una vista oral que se ha extendido durante 125 sesiones, a lo largo de un año y dos meses. En la última sesión, los protagonistas fueron dos actores principales en este acto judicial, los mismos que acapararon el inicio de la investigación: el cabecilla Francisco Correa, y el exjuez Baltasar Garzón, quien le encarceló en 2009 y destapó el caso. En su última palabra, que utilizó durante 27 minutos, Correa sorprendió y pidió al Gobierno que indulte al exjuez Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar que se escucharan las conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus letrados. Correa, que se enfrenta a 125 años de prisión por esta causa, aseguró que Garzón «es una víctima más de esta causa política», como él, según sus propias palabras. «Este señor ha sido injustamente inhabilitado», expresó el cabecilla, que no pudo explicarse al ser cortado por el presidente del tribunal, que le instó a hacer esa petición en otro foro, por los cauces oportunos. Apoyado en apuntes manuscritos, y con una botella de agua siempre a mano, Correa pidió ayer ser liberado para colaborar con la justicia y agilizar todas las causas pendientes que indagan en la trama Gürtel, el caso que ha sobrevolado la política española en los últimos tiempos. Cumple una condena de 13 años de cárcel por las actividades de la trama en Valencia. Correa denunció ayer el trato desigual de la justicia con los líderes de la trama Gürtel –también Pablo Crespo, y Álvaro Pérez–, quienes han sido encarcelados a pesar de que la condena todavía no es firme. «¿Por qué somos tratados peores que terroristas?», cuestionó Correa, quien no quiso dar nombres de otros condenados por corrupción sin sentencia firme que se encuentran libres. «Quiero solucionar este tema, y que el país deje de hablar de ello. Me dan igual 200 o 300 años de cárcel», expresó el acusado, cuyo descaro siempre caracteriza sus declaraciones, plagadas de ironías y dardos. El cabecilla defendió las actividades de la trama, una red corrupta que se extendió por numerosas administraciones del PP en los años previos a la crisis. Esta vista enjuicia sus actividades entre 1999 y 2005 en las regiones de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid y Estepona. Correa ensalzó su modo de trabajar, agasajando a sus clientes, y señaló que es una práctica habitual en el mundo empresarial, y en los palcos de los clubes del fútbol español. Llegó a comparar sus manejos con las gestiones de los expresidentes del Gobierno para promover el éxito de las empresas españolas por el resto del mundo. Para él, la esencia es la misma: las compañías acudían a él para triunfar en las adjudicaciones gracias a sus contactos. Aun así, el cabecilla negó que esa círculo de favores suponga un delito, porque solo cobró de la empresa privada, una tesis que no comparte la Fiscalía, que le acusa de causar un grave perjuicio a las arcas públicas y le atribuye ocho delitos. «¿Cuál fue mi error? ¿Dónde está mi falta?», preguntó Correa. Solo reconoce el fraude a Hacienda. Testifical de Rajoy El discurso de Correa cerró el primer gran juicio a la trama Gürtel, en el que también está acusado el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita 39 años y medio de prisión. En la vista también declararon como testigos personalidades como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien rompió a llorar al atender a los medios por el arresto de su antiguo número dos, Ignacio González. El tribunal –tres jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal– también resolverá si el PP es condenado a devolver el dinero que, según la Fiscalía, se ahorró en las campañas electorales en Pozuelo y Majadahonda en el 2003 gracias a gastos pagados por la trama, cifrado en 245.492 euros.
  7. Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González y el único investigado del caso Lezo que continúa en prisión, podrá abandonarla si deposita la fianza de cien mil euros que ha fijado el juez Manuel García Castellón. Sobrino, el hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica y uno de los artífices de la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, lleva encarcelado desde el 21 de abril. La decisión del juez de la Audiencia Nacional se produjo a petición de la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviera la prisión incondicional para el investigado, según fuentes jurídicas. La razón es que aún no ha devuelto el dinero de la comisión que cobró por la operación de Emissao -unos 900.000 dólares por la compra del 75 por ciento de la sociedad-, tal y como se había comprometido a hacer, ni el de la comisión de Ignacio González (1,54 millones), que estaban ingresados en una cuenta de Sobrino, como informó ABC. El dinero del expresidente madrileño estaba en una cuenta abierta en Colombia y controlada por Sobrino, al que la investigación considera «testaferro» de González. Los investigadores tuvieron conocimiento de la misma y del origen de los fondos durante un viaje a Colombia al que fueron agentes de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal Anticorrupción en cumplimiento de una comisión rogatoria internacional. La comisión global que generó esa operación fue de 5,4 millones de dólares y además de González y Sobrino se beneficiaron de ella otros dos ex altos cargos de sociedades participadas por Inassa y un exalto cargo del Gobierno de Aznar. Cada uno habría cobrado 900.000 dólares. El dinero de las mordidas siguió una ruta por varios países que ha podido ser rastreada. Pese a que el dinero de esa comisión aún no ha llegado a la cuenta del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado ha acordado la libertad bajo fianza y ha impuesto una cantidad bastante inferior a la que fijó la semana pasada para el que fue su socio Ignacio González, quien salió de prisión el 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores. Los investigadores sitúan a Edmundo Rodríguez Sobrino en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal. El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación. En dicha comparecencia, el investigado esclareció temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla. Los investigadores han determinado «la existencia de un extenso patrimonio» a su nombre o al de su hija, también investigada, dentro y fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios «de aquellos anómalos negocios».
  8. Agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se reunieron en la cárcel de Castellón donde cumplía condena por drogas con Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y presunto instigador de la célula que atentó este verano en Cataluña, y lo hicieron «dentro de los protocolos habituales» después de que el reo comentara que había ejercido de traficante obligado por un grupo yihadista. Las fuentes a las que ha tenido acceso este diario precisaron que se trató de «un contacto, como también mantuvieron otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad» y evitaron en todo caso asociar la función de «confidente» a la de este imán, si bien tampoco negaron que hubiera existido tal vínculo. De a quién se ficha como informador, a cambio de qué se reciben sus soplos y si, en un caso como este, hubo una relación y seguía mientras la célula terrorista preparaba una masacre son cuestiones a las que el CNI tiene obligación legal de informar a una sola instancia si así lo solicita: los grupos políticos representados en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Las primeras sospechas sobre si este individuo, -muerto en la explosión del chalet de Alcanar en las horas previas a los ataques de Barcelona y Cambrils-, podía ser efectivamente un confidente surgieron a partir de la operación Chacal desarrollada en 2006 en Vilanova i La Geltrú (Barcelona), en la que hubo veinte detenidos, luego relacionados por la Audiencia Nacional con el 11-S, el 11-M o los atentados de Casablanca de 2003. Es Satty, de quien se probaron comunicaciones y relaciones con varios sospechosos y había sido también imán de la mezquita local, ni siquiera fue juzgado. Los servicios secretos españoles admiten ahora que mantuvieron con él «una visita» en prisión y que, según confirma la fuente consultada, fue en el año 2014, último de los cinco que Abdelbaki Es Satty tuvo que cumplir tras haber sido declarado culpable en 2010 de intentar introducir en España a través del ferri entre Ceuta y Algeciras un cargamento de 120 kilos de hachís. Durante la instrucción previa mencionaría que había sido forzado a hacerlo por yihadistas. Durante esta estancia en el centro penitenciario logró tres permisos por «buena conducta». A su salida, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón revocó una orden de extradición dictada contra él por su «evidente arraigo laboral y esfuerzos para integrarse en España». Nada impidió al imán volver a dirigir el rezo y ser un referente para la comunidad islámica, posteriormente en Ripoll, y muy a pesar de que su currículum penal era más amplio. Incluía una condena en 2003 por tráfico de personas -intentó ayudar a un inmigrante con un pasaporte falsificado a entrar en España- y una más en 2006 por dos delitos de lesiones. Preguntado acerca de si el imán trabajó en algún momento para el CNI, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer que el Ejecutivo no comenta asuntos bajo investigación judicial y bajo secreto de sumario, como es el caso. Fuentes jurídicas no identificadas citadas por Ep subrayaron que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no tiene abierta ninguna pieza separada sobre Es Satty y que, como ocurre con el resto de integrantes de la célula, se está analizando toda su trayectoria hasta su fallecimiento accidental en la explosión de la casa de Alcanar utilizada por los terroristas como laboratorio para fabricar explosivos. En esta investigación participan los Mossos d´Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y el resultado de sus pesquisas se centraliza en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), interlocutor del magistrado en este caso. Las dudas más nítidas conocidas sobre el comportamiento del imán fueron las trasladadas a principios de 2016 a los Mossos la Policía del municipio belga de Vilvoorde, donde el exconvicto viajó para buscar trabajo. Los agentes belgas querían saber si Es Satty tenía conexiones con el terrorismo yihadista y así lo plantearon por escrito y de manera «no oficial» vía email, aunque una vez más, lo que podía haber sido un indicio no tuvo mayores efectos. Un alto mando de los servicios de Información de la policía catalana contestó que no constaba nada sobre el individuo en sus bases des datos.
  9. Ha hecho fortuna la idea de que el desvarío catalán ha devenido en cordura. La creencia predominante es que los independentistas más flamígeros, ya sea por el poder catártico de la experiencia carcelaria o solo por el miedo a sufrirla, han abandonado la vía unilateral, han desprovisto de urgencia sus demandas republicanas y se muestran dispuestos a transitar en el futuro inmediato por la senda constitucional. Todos contentos. Contento el Gobierno por haber dispensado las 155 dosis del bálsamo de fierabrás en el momento adecuado. Contentos PSOE y Ciudadanos por haber respaldado su prescripción. Contentos los independentistas por haber conseguido que su causa haya llegado más lejos que nunca ante la atenta mirada del universo mundo. Y contentos también los comunes, que es como se hacen llamar los podemitas con barretina, porque en el nuevo orden parlamentario que surgirá de las elecciones de diciembre ellos están llamados a desempeñar un papel determinante en el desarrollo de la trama. Añádase a ese cuadro general el alivio ciudadano por la rebaja de la tensión y alcanzaremos la visión completa del optimismo que se ha apoderado súbitamente de la escena pública durante los últimos días. No seré yo quien rompa el hechizo. Aunque no comparta del todo el criterio buenista de que el peligro ha pasado, reconozco el cambio de paisaje. Y eso, en política, ya es mucho: así es si así os parece. Forcadell, la sacerdotisa del procés que apostató del dios de la independencia ante los ropones del Supremo, ha sido redimida por ERC y la CUP. Junqueras la ha acogido en el número cuatro de su lista y Benet Salellas ha declarado públicamente que si él hubiera estado en el pellejo de la presidenta del Parlament, entre las puñetas del inquisidor y la amenaza de la cárcel, hubiera cantado hasta sevillanas. En la otra lista, la del PDeCAT con capucha a lo Fuenteovejuna, la presencia de Jordi Sánchez también redime a Puigdemont de su escaqueo carcelario. Diríase que a pesar de las listas separadas la unidad de acción del bloque sedicioso permanece a salvo. A la vez, habida cuenta de los golpes de pecho que han protagonizado casi todos los prohombres de la rebelión en la última semana, lo lógico es pensar que esa unidad de acción contempla estrategias distintas a las usadas hasta ahora. El amplio consenso en torno a la idea de que no estaban preparados para gestionar la independencia, ni para hacer frente a la respuesta del Estado -que ellos califican con una selección de adjetivos propios del carcaj de las dictaduras- sugiere que se ha acabado la vía de la unilateralidad. La consecuencia es palmaria: a partir del 22-D comienza una nueva era marcada por el diálogo y la negociación. Adiós trágalas. Hola, política. Así suena la esperanzada partitura de la canción que han comenzado a entonar unos y otros en ambos extremos del 155. Cualquiera que desafine se convertirá en la oveja negra del coro, en el esquirol de la ilusión colectiva. Líbreme el cielo de ejercer ese rol de cenizo cabezota. «¿De la liberación de los presos? Si es para darle a su libertad carácter preventivo, hablemos» Así que hablemos hasta quedar afónicos. ¿De la liberación de los presos? Si es para darle a su libertad carácter preventivo, hablemos. ¿Del levantamiento del 155? Si hay garantías de respeto a los mandamientos constitucionales, hablemos. ¿De la restitución del Gobierno legítimo destituido por iniciativa de Rajoy? Si esa es la voluntad mayoritaria del nuevo Parlament, hablemos. ¿Del reconocimiento del derecho a decidir? Oh, cielos. ¿Hablamos de eso? Todo el mundo sabe que ese es un derecho que no cabe en la Constitución de 1978. ¿Hablamos de abrirla en canal, entrar a saco en el artículo 2 y cargarnos el principio angular de que la soberanía reside en el conjunto de la nación española? Pincho de tortilla y caña a que ese es el menú de la conversación que se anuncia como único modo de salir del lío en que nos hemos metido. Y se trata, sin duda, de una conversación condenada al fracaso. Bonita esperanza la que nos saca de un callejón sin salida para meternos en otro. Con esperanzas así, ¿para qué queremos los milagros?
  10. El nuevo jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, respaldó ayer en la Audiencia Nacional la actuación de su antecesor, Josep Lluís Trapero, en la actuación del cuerpo policial autonómico el pasado 20 de septiembre. Aquel día una multitud acosó a los agentes de la Guardia Civil que registraban la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat en una operación para desactivar el referéndum independentista ilegal. Trapero está imputado por sedición por la pasividad de los Mossos para contener aquella concentración. Lopez, que testificó ayer a petición de la defensa de Trapero, apoyó la versión de su antecesor, según informaron a ABC fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El cesado mayor de los Mossos alegó ante la magistrada que actuar contra los manifestantes -llegaron a juntarse 40.000 personas en el punto álgido- «podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas». También argumentó que los policías autonómicos abrieron los pasillos para la comitiva judicial, pero que no fueron utilizados «en los momentos previstos». En el asedio, los manifestantes destrozaron tres vehículos oficiales y retrasaron durante horas la salida de la comitiva judicial. La letrada de la administración de justicia, cuyo testimonio fue decisivo, tuvo que escapar por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro cercano. Algunos agentes no abandonaron la sede hasta las siete de la mañana del día siguiente. «Parcial y falso» Las explicaciones de Trapero no convencieron a la Fiscalía, que atribuye al antiguo jefe de los Mossos un delito de sedición por permitir con su inacción el acoso a los agentes de la Guardia Civil. La juez del caso -que también investiga por rebelión a Carles Puigdemont y trece exconsejeros del Govern- considera a Trapero un eslabón en la estrategia del secesionismo para alcanzar la independencia por vías ilegales. La sedición castiga con hasta quince años de prisión a aquellos que traten de impedir la acción de la Justicia por la fuerza. El nuevo jefe de los Mossos -nombrado por el Ministerio del Interior tras la intervención de la Generalitat con la aplicación del artículo 155- también explicó ayer que Trapero consensuó su actuación con otros mandos. Junto a López, también testificaron ayer otros tres mandos de los Mossos, y todos apoyaron la versión de su antiguo jefe, ahora relegado a un cargo de mero carácter administrativo. En su declaración ante Lamela, a cuya grabación accedió ABC, Trapero insinuó que si la Guardia Civil hubiera tomado posiciones al iniciar el registro, por la mañana, el dispositivo policial se hubiera desarrollado de otra manera. También calificó de «parcial y falso» el atestado del Instituto Armado que amplió la investigación al referéndum independentista ilegal, celebrado el 1 de octubre. Los registros del 20 de septiembre se practicaron por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, en una operación que provocó la detención de catorce altos cargos de la Generalitat. Tras su comparecencia, la juez prohibió a Trapero salir de España y le retiró el pasaporte, a pesar de que la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión incondicional para evitar su fuga y el riesgo de reiteración.



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